SANIDAD ALIMENTARIA (1ª parte)

El constante flujo de escándalos, brotes epidémicos y extremas medidas regulatorias que conforman el paquete del sistema alimentario industrial ha hecho de la sanidad alimentaria un punto de importancia mundial. Nuestra creciente dependencia de alimentos y cultivos industriales concentra a una escala sin precedentes y amplifica de muchas nuevas maneras los riesgos, lo que vuelve más necesaria una intervención para garantizar que nadie enferme a causa de los alimentos. Tras esta intervención, hay una agenda escondida de las corporaciones.
El término “sanidad o inocuidad” alimentarias puede hacer creer que se está protegiendo la salud de la gente, o incluso la del ambiente. La Unión Europea pregona que cuenta con un sistema de sanidad alimentaria que va “de la granja al tenedor” —un lema destinado a tranquilizar a los consumidores con la idea de que alguien cuida su salud. Pero lo que ocurre en nombre de esta “seguridad sanitaria” de los alimentos no tiene que ver tanto con los consumidores o con las normas sanitarias sino con buscar que todos aquellos involucrados en producir, preparar y entregar o servir alimentos se sometan a un número de normas y “estándares” fijados por los supermercados y por la industria alimentaria: regulaciones que se imponen, primero que nada, para garantizar las ganancias.
Puede ser que los gobiernos sean los que fijen un cuerpo de regulaciones de sanidad alimentaria mediante políticas y medidas administrativas (inspección de los servicios y otros), pero es el sector privado quien idea e instrumenta los criterios reales. Esta división público-privada (que implica una complicidad) provoca un conjunto de problemas, y así llegamos a una situación en la que:
* en esencia el sector alimentario industrial se regula a sí mismo, lo que refuerza el argumento de que la sanidad alimentaria no está primordialmente relacionada con la salud pública, sobre todo porque continúan ocurriendo terribles brotes de envenenamiento con comida.
* los gobiernos terminan trabajando para el sector corporativo, aun cuando éste no sea su papel, porque el sistema regulador es público pero los criterios y estándares son privados.
Ahora, gracias a la globalización y a la liberalización de las regulaciones relativas al comercio y la inversión, este modelo de sanidad alimentaria se va expandiendo —y somete a los campesinos, los pescadores y a los trabajadores de la industria alimentaria por todo el mundo a los dictados de las corporaciones. Si India quiere venderle pescado o uvas a la Unión Europea tiene que someterse a las regulaciones europeas y a los estándares fijados por las cadenas de supermercados que controlan el mercado en la Unión Europea. Si los brasileños quieren venderle pollo o soya [soja] a Arabia Saudita, entrarán en juego los criterios de los Estados del Golfo. “Muy bien”, podría uno pensar. “Después de todo, esto tiene que ver únicamente con las operaciones de los grandes establecimientos agrícolas industriales”. Pero no sólo tiene que ver con las exportaciones. La idea —y la realidad— es que los países adopten estos estándares y los apliquen en sus mercados internos también, impactando a fin de cuentas a todos los agricultores de un país en particular.
Quién fija los estándares y quién se beneficia con ellos
El comercio internacional jamás había sido tan grande. El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre agricultura comenzó a eliminar los aranceles y cuotas hace casi veinte años. Desde entonces, la línea de fuego de las disputas en torno al comercio alimentario se ha trasladado a lo que se conoce como barreras “no arancelarias”, como las normas sanitarias relacionadas con los alimentos. Hoy, si uno quiere proteger de la competencia a los agricultores de un país, no se puede fijar un aviso fronterizo que diga “Ya tenemos suficientes melones, así que ¡fuera!”, pero sí es posible fijar un aviso que diga: “Sólo aceptamos melones producidos con métodos halal [el modo permitido por la religión musulmana] de 15 a 20 centímetros de diámetro, enjuagados con agua potable y que tengan certificación de que fueron cultivados en fincas que cuentan con sus propios inodoros”. Esto es muy bueno para Carrefour, cuyos abastecedores contratados producen justamente ese tipo de melones. Pero ¿qué ocurre con los agricultores en pequeña escala que no pueden cumplir con estos criterios ni cubrir los costos de certificación que conllevan? Y si los dejan fuera de los supermercados, ¿qué otras opciones tienen?
Una creciente porción de los alimentos que compra la gente les llega a través de las cadenas de abasto de los supermercados transnacionales y las corporaciones que sirven alimentos al público. A nivel mundial, el comercio de alimentos al menudeo obtiene por ventas 4 billones de dólares anuales. Los supermercados hicieron más de la mitad (51%) de esas ventas en 2009, siendo las 15 corporaciones principales las que lograron 30% de las mismas. Juntos, los diez minoristas en alimentos más importantes (Walmart, Carrefour, Metro, Tesco, Schwarz, Kroger, Rewe, Costco, Aldi y Target), tuvieron entradas por un billón y 100 mil millones de dólares en 2009, lo suficiente para ser considerados el décimotercer “país” más rico del mundo. Éstas son las firmas que moldean los sistemas de “sanidad” o “inocuidad” alimentaria de hoy y detentan un enorme poder en decidir no sólo dónde se produce la comida y dónde se vende, sino exactamente cómo se produce y cómo se maneja.
Existe toda suerte de fondos de desarrollo, micro-créditos y programas de subsidio gubernamental diseñados para ayudar a que los agricultores en pequeña escala cumplan con estos estándares corporativos. Mediante tales programas, unos cuantos pueden posicionarse frágilmente produciendo por contrato para supermercados como Tesco o compañías de venta de alimentos al público como McDonalds. Pero la realidad es que la mayoría de los campesinos simplemente quedan fuera, dado que los supermercados prefieren trabajar con abastecedores y establecimientos mayores. El espacio para que los campesinos que cultivan coles en China o papas en Zambia puedan comercializar sus productos disminuye con rapidez en la medida en que se expanden los supermercados y las compañías que sirven alimentos al público, y en la medida en que las alternativas, como los mercados al aire libre y los puestos callejeros son cerrados por los gobiernos que insisten en aplicar los estándares corporativos. Sólo las grandes empresas ganan en esta situación —y nada ganan los productores, ni los trabajadores ni los consumidores de alimentos.